En Córdoba aclararon que el pedido de captura de Jaime continúa vigente
La orden de detención del ex secretario de Transporte continúa vigente en la provincia, en la causa que lo investiga por ocultar pruebas en una causa de enriquecimiento ilícito. Ayer fue beneficiado por un fallo de la Cámara federal
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]El fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, quien había elevado la solicitud de detención, aseguró que dicha disposición continuará vigente mientras se mantenga la orden de captura. Explicó que la única manera de que quede sin efecto es que el tribunal resuelva lo contrario.
El letrado reconoció, no obstante, que a partir del antecedente que significa la decisión de la Cámara Federal es probable que la defensa del ex secretario de Transporte presente un pedido similar en Córdoba. Ocurre que la orden de detención se realizó una vez que Jaime fue declarado como prófugo por el juez Claudio Bonadio en la causa que se tramita en la ciudad de Buenos Aires.
"La Fiscalía va a aguardar que la defensa presente un escrito para que deje sin efecto la captura ordenada. Habrá que analizar sus fundamentos", subrayó Harabedian hoy en diálogo con Radio 10.
Andrés Marutian, abogado de Jaime en Buenos Aires, dijo desconocer qué hará el representante legal de su defendido en Córdoba, aunque estimó que “ya debe haber presentado la impugnación contra la orden de captura”.
“Es una orden consecuencia de la condición de prófugo que le puso Bonadio, al desaparecer esa circunstancia desconozco si la Justicia de Córdoba va a mantener el pedido”, señaló.
Poco antes de que la Cámara Federal le concediera la exención de prisión pedida por su defensa en un caso de corrupción vinculado a un contrato del ferrocarril Belgrano Cargas, la página web de Interpol publicó el nombre de Ricardo Jaime entre su nómina de personas buscadas.
Interpol se había hecho eco así del pedido de captura internacional dictado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, que acusa al ex funcionario de haber intentado ocultar pruebas que lo perjudicaban en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.